Al menos tres inmuebles ubicados en diversos puntos de Coatzacoalcos, donde ocurrieron hechos violentos, continúan resguardados por elementos de Seguridad Pública del Estado (SSP) mientras se desahoga el proceso judicial; sin embargo, al no haber quien los reclame, podrían ser ocupados para beneficencia social.

 

Los lugares en estas condiciones son El Café de Mar, ubicado en la calle Sonora de la colonia petrolera, donde se han suscitado dos hechos sangrientos. El primero fue el 16 de abril de 2016, cuando fue asesinado a balazos el dueño del establecimiento, Osiris García Castillejo. Siete años después, en octubre de 2023, un hombre fue acribillado de la misma manera.

 

El incendio del Bar El Caballo Blanco, en el que ocurrió la masacre de 32 personas en agosto de 2019. Este caso fue atraído por la Fiscalía General de la República, incluso hay detenidos.

 

El Bar Mezcalito, ubicado en el interior de las instalaciones deportivas Los Cocos, en la avenida Lázaro Cárdenas. Fue en abril de 2023 cuando sujetos irrumpieron para disparar contra un masculino que se encontraba en el lugar.

 

El aseguramiento de estos sitios son medidas que dicta la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

 

NO DEBEN ESTAR ASEGURADOS POR TIEMPO INDEFINIDO

 

El presidente de la Barra de Abogados en Coatzacoalcos, Homero Gutiérrez Melchor, explicó que el resguardo de los edificios donde se han cometido crímenes no debe permanecer indefinida la suerte jurídica y cuestionar a las autoridades correspondientes que aún guardan las investigaciones.

 

No obstante, aclaró que no hay quien reclame, salvo que el propietario esté inmiscuido en alguno de los hechos.

 

"Les pueden devolver el inmueble en calidad de depósito. Si bien son escenas del crimen, debe hacerse un levantamiento a través de una criminalística de campo, y una vez que se hace la recuperación de todo vestigio que puede servir para la investigación, el inmueble debería volver al pleno dominio del propietario. A menos que sea afecto al pago de una reparación de daños o que, por razones muy especiales, sea necesario preservar su aseguramiento, lo que sí es que no se puede hacer por tiempo indefinido", declaró.

 

Afirmó que debe haber un procedimiento administrativo que la autoridad ministerial tiene que iniciar para definir su destino.

 

"Quizás no haya nadie interesado en hacer esa gestión. Obviamente, la autoridad de mutuo propio no actúa, y es claro que se van deteriorando esos inmuebles y que pueden ser utilizados con otra finalidad, incluso darlo para alguna beneficencia social", detalló.

 

Puso como ejemplo que el DIF municipal podría ocupar esos espacios para consultorios o bien ser donados a una asociación civil.

 

Destacó que se pueden dar en depósito a alguna entidad que sea pública o privada, y así reparar los daños con los deudos de las víctimas.

 

RESGUARDADOS POR POLICÍAS CON PATRULLAS INSERVIBLES

 

En un recorrido realizado por los tres establecimientos resguardados, se observan uno o dos policías estatales en cada inmueble.

 

Están sentados afuera del lugar que está acordonado, y enfrente una patrulla inservible.

 

Las unidades tienen las llantas ponchadas, la tapa de la batea no sirve y están sujetadas con la cinta del acordonamiento.

 

Según los mismos elementos policiacos, las patrullas ya no funcionan y su función ahí es para protegerse ya sea de la lluvia, el viento o el sol, así como para echarse una "pestañita".

 

Mientras, la infraestructura de los locales cada vez se deteriora más, ya que han transcurrido ocho años desde el primer asesinato en el 2016 en el Café de Mar.

 

Los tres lucen abandonados, sucios y en penumbras, cuidados por los gendarmes.

 

Crédito: Irma Santander