Las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos provocan alrededor de 700,000 muertes anuales, y según la OMS, podrían sumar 10 millones de fallecimientos en 2050 si no se toman medidas urgentes. Investigadores mexicanos consideran que en México estamos ante un escenario de “apocalipsis antibiótico”.

A MEDIADOS de marzo de este año la noticia sobre un hombre británico infectado con lo que los médicos llamaron “supergonorrea” dio vuelta al mundo. La enfermedad de transmisión sexual, causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, no respondía por primera vez a los antibióticos tradicionales usados para combatir este padecimiento (una mezcla de las sustancias azitromicina y ceftriaxona). El asunto generó alarma en el Reino Unido y, unas semanas después, una alta funcionaria de los servicios de salud salió a tranquilizar a la población para informar que habían logrado salvar al paciente luego de varios intentos con otros medicamentos.

Pero el caso, han dicho varios expertos, representa solo la punta de un iceberg profundo que urge atender. Una amenaza a la salud pública en la que todos somos igualmente vulnerables: las “superbacterias” o bacterias resistentes a los antibióticos, un fenómeno que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), reviste alta prioridad y emergencia para todas las naciones. Infecciones alguna vez tratables de forma relativamente sencilla hoy presentan cambios y complicaciones que prolongan las estancias hospitalarias, incrementan los costos médicos y aumentan la mortalidad. En 2014 la OMS dio a conocer un primer informe sobre resistencia bacteriana basado en datos de 114 países, que advirtió sobre diversos agentes infecciosos y destacó la resistencia a antibióticos (incluso a aquellos que se utilizan como último recurso) en siete bacterias responsables de infecciones comunes graves, como la septicemia, la diarrea, la neumonía, las infecciones urinarias y la gonorrea. La entidad señaló en esa ocasión que asistimos a una “era posantibióticos” en que lesiones menores que han sido curables durante decenios volverán a ser “potencialmente mortales” y mencionó, también, la obligación de cambiar la forma de producir, prescribir y utilizar estos medicamentos.

Las bacterias resistentes son aquellas que en un principio eran sensibles al efecto de un activo antibacteriano y ahora ya no lo son. Estos microorganismos se convirtieron en resistentes debido a alguna mutación en sus genes, o por haber adquirido esos genes de resistencia de otra bacteria. Aunque se trata de un proceso natural, el uso de antibióticos indiscriminado (tanto en humanos como en animales) ha acelerado este proceso. Y es que, cuando se usan este tipo de fármacos, las sustancias no solo actúan en las bacterias causantes del padecimiento a tratar, sino que afectan a otras presentes en el cuerpo que son también sensibles a ellos, lo que promueve una “selección” que a su vez permite que proliferen las bacterias resistentes. Esto aumenta el riesgo de que el paciente contraiga más infecciones resistentes en el futuro y, al mismo tiempo, se incrementa el riesgo también a escala poblacional, ya que las bacterias resistentes se transmiten entre personas o través de los alimentos o el agua.

Dada la emergencia mencionada por las conclusiones de aquel primer informe, la OMS puso en marcha, en octubre de 2015, el Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos (GLASS, por sus siglas en inglés). Este enero se dieron a conocer los últimos datos disponibles que mostraron presencia generalizada de resistencia a los antibióticos en muestras de 500,000 personas de 22 países en las que se sospechaban infecciones bacterianas.

De acuerdo con el reporte, las bacterias resistentes más frecuentes eran Escherichia coli (que provoca infecciones de las vías urinarias), Klebsiella pneumoniae (un microbio intestinal causa importante de contagios nosocomiales), Streptococcus pneumoniae (que produce infecciones respiratorias), Salmonella spp (conocida por transmitirse a través de los alimentos) y Staphylococcus aureus (relacionado con infecciones de la piel y los tejidos blandos). La OMS calcula, por ejemplo, que las personas infectadas por esta última bacteria resistente a la meticilina (el antibiótico que se utilizaba habitualmente contra ella), tienen una probabilidad de morir 64 por ciento mayor que las infectadas por cepas no resistentes.

ALARMA EN HOSPITALES MEXICANOS

“Sí estamos ante un escenario de ‘apocalipsis antibiótico’”, confirma el médico infectólogo Alejandro Macías, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y encargado del área de microbiología y enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato. “Y todos somos vulnerables, porque todos podemos tener infecciones comunes y corrientes que ya se han vuelto muy difíciles de tratar, o tener un accidente que nos haga visitar un hospital, estar en terapia intensiva o sufrir alguna complicación. Antes podíamos salir bien librados con un antibiótico, sin embargo, puede ser que ahora los médicos se vean imposibilitados de tratarnos porque en muchas ocasiones no hay opciones apropiadas.

“En la consulta externa ya no tenemos opciones de antibióticos de primera línea para infecciones habituales como las urinarias que antes se trataban con cualquiera de estos fármacos —agrega Macías, quien también se desempeñó como comisionado nacional para la Prevención y Control de la Influenza en 2009—. Ahora tenemos que usar antibióticos que son más caros, o más tóxicos, o que por ejemplo no se toman y se deben inyectar. A veces incluso hay que hospitalizar al paciente para poner el antibiótico por la vía intravenosa y esto tiene también implicación en los costos”.

Macías menciona que las bacterias resistentes mencionadas en el GLASS también son las más frecuentes en México. “Fuera de los hospitales, la Escherichia coli, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae, que causa neumonías y meningitis. Dentro de los hospitales, el Streptococcus pneumoniae también se ha convertido en más resistente. Otra bacteria que se ha vuelto ‘famosa’, la Pseudomona aeroginosa (un patógeno oportunista muy asociado con infecciones nosocomiales que puede causar epidemias), la Acinetobacter baumannii, microorganismo implicado en diversos tipos de infecciones, la mayoría de ellas nosocomiales, como septicemias, neumonías, del tracto urinario, meningitis. La Klebsiella pneumoniae y especialmente la Clostridium difficile están causando ahora infecciones muy serias en los hospitales de México.”

Esta última bacteria está asociada con el uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, y puede causar desde enfermedades gastrointestinales hasta colitis seudomembranosa, una afección que pone en peligro la vida. “Se ha hecho muy resistente y el problema se está derramando en la comunidad —revela el especialista—. Produce esporas en el ambiente y enferma no solo a esa persona internada que toma el antibiótico, sino a otros pacientes que días después se hospitalicen en la misma área o incluso al personal del hospital, y esto está siendo también un problema por el uso inadecuado del antibiótico dentro de los hospitales”.

De acuerdo con datos publicados en la Revista de Gastroenterología de México, en 2016 en el país se encontró, por ejemplo, que la S. pneumoniae es resistente a la penicilina en 70 por ciento, la bacteria Shigella spp, que causa diarreas bacterianas, resiste a la ampicilina y al cotrimoxazol en 81 por ciento, y que más de 40 por ciento de las cepas de Pseudomona son resistentes a imipenem, ceftazidima y levofloxacina, medicamentos antes eficaces.

Los expertos e instituciones coinciden por unanimidad en que la crisis está íntimamente relacionada con el mal uso de los antibióticos y han dado un giro en las recomendaciones habituales y lanzado convocatorias urgentes. Pero crear nuevas medicinas para las bacterias resistentes es todo un desafío.

Datos disponibles exhiben presencia generalizada de resistencia a los antibióticos 
en muestras de 500,000 personas de 22 países. Imagen: ADOBE STOCK

MOLÉCULAS ESQUIVAS

En septiembre del año pasado la OMS publicó otro informe para llamar la atención sobre la falta grave de nuevos antimicrobianos eficaces. En él se mencionan 51 posibles antibióticos y biofármacos en desarrollo clínico que podrían utilizarse para tratar infecciones originadas por los patógenos resistentes a los antibióticos más prioritarios, además de para las enfermedades diarreicas ocasionadas por la bacteria Clostridium difficile y para la tuberculosis farmacorresistente, que causa alrededor de 250,000 fallecimientos cada año. Sin embargo, la entidad clasificó como innovadoras y alternativas válidas al actual arsenal solo ocho de estas moléculas con potencial terapéutico en proceso. Además, destacó que muy pocas de ellas serán para administrarse por vía oral, pese a que ese tipo de fórmulas son esenciales para tratar a la población en general fuera de las instituciones de salud y en sitios de recursos escasos.

Por otra parte, la OMS y la Iniciativa Medicamentos para las Enfermedades Desatendidas (DNDi) establecieron la Alianza Mundial de Investigación y Desarrollo de Antibióticos (www.gardp.org), una entidad sin fines de lucro que pretende unir esfuerzos de la iniciativa privada y los organismos públicos y cuenta con fondos de Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos, el Reino Unido, Sudáfrica, Suiza, Wellcome Trust y la Fundación Bill y Melinda Gates, entre otros. La Alianza tiene como objetivo desarrollar y proporcionar hasta cuatro nuevos tratamientos mediante la mejora de los antibióticos existentes y la aceleración de la entrada de nuevos antibióticos para 2023.

Pero, pese a la demanda y los apoyos, el desarrollo de nuevos antibióticos no incentiva lo suficiente a la industria farmacéutica, que prefiere invertir en medicinas para padecimientos crónicos que generarán más ganancias.

“Sí ha habido esfuerzos de varias compañías que están produciendo nuevos antibióticos, pero aquí y ahora el problema es grave y no tenemos suficientes y aquí y ahora no se ve que la industria farmacéutica vaya a resolver el problema —advierte Macías—. Para empezar, más que poner el énfasis en antibióticos nuevos (aunque que está bien hacerlo), lo que tenemos que hacer es evitar que los que nos quedan se sigan deteriorando, evitar que las bacterias desarrollen resistencia contra los pocos antibióticos que aún nos sirven. Con uno uso racional podríamos rescatar antibióticos que ya parecen perdidos. Existen países que con una mejor regulación y una mejor cultura de la población han mostrado que, si se deja de bombardear a las bacterias todos los días con antibióticos, estas se van volviendo paulatinamente sensibles otra vez.  Esto se ha visto, por ejemplo, en los Países Bajos donde han sido muy estrictos en el uso de estos fármacos”.

Imagen: ADOBE STOCK

EL OJO EN LOS CONSULTORIOS

Según cifras de la Cofepris, el consumo de antibióticos en México ascendía, en 2010, a 70.5 millones de cajas anuales. Las autoridades estimaban que 40 por ciento de ese número se debía al autodiagnóstico y la autoprescripción, y ese año se resolvió que estas medicinas solo se venderían bajo receta médica. Sin embargo, cuando se evaluó la medida regulatoria a 24 meses de su implementación (un trabajo conjunto de investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública [INSP] y las universidades de Utrecht en los Países Bajos y de Boston en Estados Unidos que se publicó en la revista PLOS), los científicos señalaron que el consumo se había reducido mucho menos de lo esperado: “Nuestro estudio del impacto de la regulación mostró una disminución de 12 por ciento del consumo de antibióticos, sobre todo de penicilinas, ampicilina y amoxicilina (usados previamente por automedicación) —explica a Newsweek México la doctora Anahí Dreser, del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, una de las autoras de la investigación. No obstante, el uso de otros antibióticos, como fluorquinolonas, cefalosporinas y similares se mantuvo, pues usualmente son recetados por médicos. Este tipo de antibióticos nos preocupa más por su impacto en la resistencia”.

De acuerdo con la científica, el resultado de una norma similar en Chile en el año 1999 causó, por ejemplo, una baja del consumo de antibióticos de 36 por ciento. “La diferencia puede deberse a que el uso en México ya venía en decremento y a la apertura de consultorios adyacentes en farmacias (CAF). “Hemos documentado la sobreprescripción de antibióticos en estos sitios —asegura Dreser—. En un estudio en consultorios de farmacias CAF de Ciudad de México encontramos que la amoxicilina, la ceftriaxona y la ampicilina estuvieron en el top 10 de los medicamentos más frecuentemente prescritos a todos los pacientes. De acuerdo con el monitoreo, 80 por ciento de las personas que concurrieron para atenderse dolor de garganta recibieron recetas de antibióticos. Se prescribió ceftriaxona a 11.9 de estos pacientes, lo que llama la atención porque esta es una cefalosporina de tercera generación, que rara vez debería usarse en atención primaria. Su uso debería de ser para infecciones graves en los hospitales”.

El INSP ha observado que, pese a las intervenciones en las normas, la prescripción excesiva continúa siendo una práctica común en los servicios de primer nivel de atención debido a la falsa percepción de que recibir un antibiótico es signo de calidad del tratamiento ofrecido en la consulta médica y a que “para los médicos suele ser más sencillo prescribirlos que explicar al paciente por qué no los necesita”.

Otras razones se vinculan con la deficiencia en la formación, con la falta de pruebas de laboratorio que confirmen el diagnóstico y con la influencia de la industria. La prescripción injustificada de antibióticos sucede con más frecuencia en las consultas por infecciones respiratorias agudas como bronquitis, faringitis y sinusitis, patologías en su mayoría causadas por virus y no por bacterias.

La OMS asegura, por su parte, que ya existe evidencia de que la prescripción de antimicrobianos por tiempo más corto es tan efectiva como la indicación de tratamientos más largos para algunas infecciones. La recomendación tiene sentido porque es más factible de ser completada, tiene menos efectos secundarios y es más económica, además de que se expone a las bacterias por un tiempo más reducido, por lo que disminuye la posibilidad de que los patógenos desarrollen resistencia.

Mientras tanto, y en conjunto con la estrategia internacional, México publicó este junio en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos, que pretende propiciar un trabajo intersecretarial para el uso racional de antimicrobianos para la salud humana, animal y en los cultivos con la meta de disminuir la diseminación de la resistencia a los antimicrobianos en los diferentes sectores de salud pública, agricultura y medioambiente. La vigilancia en el ámbito animal es especialmente crucial puesto que, de acuerdo con la OMS, es en la crianza de animales para consumo humano que se utilizan entre el 75 y 80 por ciento de los antibióticos a escala mundial, como promotores de crecimiento o de forma preventiva. De acuerdo con la Sagarpa, en el país ya no se permiten los antibióticos con este objetivo y la legislación vigente indica que en los animales los antimicrobianos solo deben usarse con receta de un veterinario y en dosis terapéuticas.

QUÉ HACER CONTRA LA RESISTENCIA BACTERIANA

• Nunca te automediques, toma antibióticos solo cuando te los prescriba un profesional sanitario certificado.
• No insistas si te indican que no es necesario consumirlos. No necesitas un antibiótico para un resfriado común.
• Tómalo exactamente con la frecuencia que te indique el médico (cada ocho horas, o cada diez, etcétera).
• No uses antibióticos que le hayan sobrado a otros.
• Lávate las manos con frecuencia.
• Prepara los alimentos siempre en condiciones higiénicas (separa los crudos y los cocidos, cocínalos completamente, mantenlos a temperaturas seguras, usa agua limpia, filtrada o hervida y procura no consumir alimentos para cuya producción se hayan utilizado antibióticos promotores del crecimiento).
• Evita el contacto con enfermos.
• Adopta medidas de protección en las relaciones  sexuales.
• Mantente al día con tus vacunas y las de tus hijos.

Fuente: OMS

En 2014 la OMS dio a conocer un primer informe sobre resistencia bacteriana que destacó la resistencia a antibióticos en siete bacterias responsables de infecciones comunes graves. Imagen: ADOBE STOCK

LAS BACTERIAS MÁS TEMIDAS

Para guiar y promover la investigación y desarrollo de los nuevos fármacos necesarios, la OMS publicó en 2017 una lista de los patógenos prioritarios resistentes a los antibióticos, en la que se incluyen las 12 familias de bacterias más peligrosas para la salud de las personas. Estas son:

—Con prioridad crítica, microorganismos que pueden provocar infecciones graves de la corriente sanguínea y neumonías (como Acinetobacter, Pseudomonas y varias enterobacteriáceas como Klebsiella, E. coli, Serratia, y Proteus). Son más letales en hospitales, residencias de ancianos y entre pacientes que precisan dispositivos como ventiladores o catéteres intravenosos.

—Con prioridad alta y media, bacterias de farmacorresistencia creciente que provocan enfermedades comunes como la gonorrea o intoxicaciones alimentarias por salmonela.

—El bacilo de la tuberculosis, cuya resistencia al tratamiento tradicional ha ido en aumento en los últimos años, no fue incluido en la lista porque es objeto de otros programas específicos.

LA CARRERA POR LOS ANTIBIÓTICOS

—La Access to Medicine Foundation, una organización sin fines de lucro basada en los Países Bajos, publicó en el último World Economic Forum en Davos el índice Antimicrobial Resistance Benchmark que mide las compañías farmacéuticas que están abordando mejor el caso de las superbacterias resistentes. La lista menciona a GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Mylan, una empresa de genéricos y Entasis, entre otras firmas biotecnólogicas.

—En México se calcula que 450,000 casos de infección relacionada con la atención sanitaria causan 32 muertes por cada 100,000 habitantes por año (OMS).

—Hasta 50 por ciento de todos los antibióticos prescritos no son necesarios o no son óptimamente eficaces según lo prescrito, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades en Estados Unidos.

—Hay en México 20,000 casos de tuberculosis y más de 2,000 muertes por esta enfermedad al año (Cenaprece).

STAFF/CODIGOVERACRUZ.COM 
XALAPA, VER.- / 2018-11-28

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la recomendación 15VG/2018, por las violaciones a los derechos a la vida, al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y a la salud, cometidas contra las más de 600 víctimas del caso Ayotzinapa, y acusó vínculos entre funcionarios públicos y criminales que propiciaron y permitieron la desaparición de los estudiantes.

Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, señaló durante la presentación de la recomendación que “diversas autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en diversas ocasiones”, pues no se investigó entonces, ni ahora, la omisión o tolerancia de servidores públicos de distintos órdenes de gobierno, ante el caso de las desapariciones. 

Acerca del vínculo entre autoridades y criminales en el estado, el ombudsman refirió que “la verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado”.

“(También) la convivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos (y) la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles de Gobierno”, dijo.

“Un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala, sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.

De acuerdo con la CNDH, los jóvenes desaparecidos, los jugadores del equipo Los Avispones de Chilpancingo, sus familiares y los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron víctimas de violencia institucional, que atenta contra sus derechos humanos, debido a las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables de garantizar su acceso a la verdad y la justicia.

“Las violaciones graves de derechos humanos como las ocurridas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, tienen amplios, profundos y diversos efectos, ya que alcanzan al total de la sociedad”, señala el organismo.

En la recomendación, la CNDH explica que la crónica e histórica “violencia estructural” que han enfrentado los habitantes del estado de Guerrero propició el surgimiento de tensión social, criminalidad y confrontación, lo que contribuyó a la ocurrencia de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, donde 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada.

Desde el 27 de septiembre de 2014, el personal de la CNDH inició una investigación sobre lo acontecido, que permitió identificar manifestaciones traumáticas en las víctimas, como malestares físicos, emocionales, económicos y sociales.

Entre las autoridades a las que se dirige la recomendación se encuentran la presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de Guerrero, y el ayuntamiento de Iguala, Guerrero.

El documento también se dirige a la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Función Pública, el Secretario de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al gobierno de Guerrero y al ayuntamiento de Cocula.

Los hechos que dieron pie a la recomendación, según la investigación de la CNDH, dejaron un mínimo de 685 personas afectadas directa o indirectamente, mismas que la Comisión pidió que sean reconocidas por la CEAV dentro del registro nacional de víctimas.

La recomendación también señala que las autoridades violaron el derecho a la igualdad ante la ley de las víctimas, con acciones u omisiones que transgredieron sus derechos, por la forma en que se enteraron de los hechos, y por la situación de impunidad que prevalece tras años de ocurrida la desaparición de los estudiantes, sin que se haya logrado conocer la verdad y obtener justicia.

De acuerdo con la CNDH las víctimas sufrieron violencia institucional por parte de las autoridades federales y estatales de Guerrero investigadoras y procuradoras de justicia, por la falta de información, la carencia de diligencias adecuadas y la revelación de información del caso a la opinión pública.

También documentó la desatención de las autoridades encargadas de reparar el daño, por la deficiente implementación de diagnósticos completos acordes a la magnitud de los hechos y sus impactos psicosociales.

Otro derecho violado fue el de la salud, por negligencia médica y omisión de atención, sufrida por las víctimas lesionadas en los ataques contra los camiones donde viajaban los estudiantes y los jugadores de Los Avispones de Chilpancingo, algunos de los cuales no recibieron el trato requerido acorde a sus necesidades de forma oportuna y adecuada.

Las recomendaciones

La CNDH pidió al presidente de la República girar instrucciones a las dependencias federales para que den cumplimiento a lo recomendado, y que brinde garantías de no repetición de hechos similares, y que ante el inminente cambio de gobierno, se incluya la Recomendación como asunto altamente prioritario, para que se garantice su oportuna respuesta y cumplimiento.

Al secretario de la Defensa Nacional, la Comisión recomendó colaborar ampliamente con el organismo, para investigar a elementos militares que en ejercicio de sus funciones tuvieron conocimiento de la probable existencia de diversos delitos, y no presentaron las denuncias penales correspondientes.

Asimismo, pidió que diseñen e impartan un curso integral dirigido al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos.

El organismo señaló a la Secretaría de Marina que debe instruir a sus trabajadores en el uso de cámaras fotográficas y de video, así como grabaciones de audio en los operativos que realizan, y que se les brinden cursos en materia de derechos humanos.

A la Secretaría de la Función Pública, la CNDH pidió continuar con la investigación de los servidores públicos de la PGR que intervinieron en la investigación del caso Ayotzinapa, y capacitar a sus funcionarios para evitar conductas que constituyan irregularidades administrativas.

El organismo recomendó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la realización de un Diagnóstico Integral de todas las Escuelas Normales Rurales, para determinar sus necesidades de infraestructura, presupuestales y académicas, y que se designe un presupuesto programado progresivo para la Normal de Ayotzinapa.

También pidió que se generen políticas necesarias para retomar inmediatamente su rol de autoridad en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y que prohíban las “semanas de prueba” que violentan la integridad física de los jóvenes que aspiran ingresar al plantel.

La CNDH pidió a la SEP que lo ocurrido con el caso Ayotzinapa se incluya en los libros de texto gratuitos, con una versión que reivindique el derecho a la verdad y permita la más amplia difusión de los hechos y sus consecuencias sociales, culturales e históricas.

A la PGR, pidió que ante la próxima creación de la Fiscalía General de la República instruya que se incluya la recomendación en sus actas de entrega-recepción como un asunto prioritario, y que colaboren ampliamente en la investigación ministerial del caso.

De igual forma, le pidió investigar los hechos de tráfico ilícito de estupefacientes al interior de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la época previa al 26 y 27 de septiembre de 2014, y aclarar el motivo por el que no se investigó el quinto autobús implicado en la desaparición de los estudiantes.

La CNDH recomendó a la PGR continuar con las diligencias de búsqueda de los normalistas desaparecidos, capacitar a su personal en materia de derechos humanos e investigar a los agentes del Ministerio Público y peritos que practicaron deficientes diligencias y recolección de indicios en el caso.

Otros cursos que deberán dar a su personal son sobre procedimientos y protocolos para la recolección, levantamiento, preservación y traslado de indicios, así como de cadena de custodia.

Al Comisionado Nacional de Seguridad pidió iniciar procedimiento administrativo contra los funcionarios encargados de la “Estación Iguala” y la Policía Federal en Guerrero, e investigar a los uniformados federales relacionados con los hechos o con integrantes del crimen organizado.

También deberá capacitar a su personal en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

Por su parte, recomendó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindar una reparación integral del daño a los afectados y revertir los efectos de la victimización derivada de la violencia institucional.

Al IMSS e ISSSTE, la CNDH pidió investigar al personal médico que omitió dar atención médica oportuna a las víctimas que acudieron a atenderse en dichas dependencias, luego del ataque contra los normalistas.

El gobernador de Guerrero deberá llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad en el estado, impulsar el desarrollo de un memorial en honor a los normalistas desaparecidos y emitir una disculpa pública por las violaciones a derechos ocurridas.

A los ayuntamientos de Iguala y Cocula, Guerrero, pidió que fortalezcan su control policiaco, capaciten al personal en materia de derechos humanos y colaboren en las investigaciones que continúan en curso por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Consulta la Recomendación VG15/2018 en la página de la CNDH.

IRMA SANTANDER/CODIGOVERACRUZ.COM 
COATZACOALCOS, VER.- / 2018-11-28

*Se impone con marcador de 2-1 al Cobaev 18 en la Copa Interprepas de Futbol

Coatzacoalcos, Ver.- La selección femenil del Cobaev 34 de Nanchital se impuso con marcador de 2-1 al Cobaev 18 en partido de la sexta fecha de la Copa Interprepas que se realiza en el estadio universitario “Dr. Juan Manuel Rodríguez García” de la Universidad de Sotavento AC.
Los goles del equipo vencedor fueron obra de Karla Rosaldo y Alicia González.
Mientras que por el Cobaev 18 hicieron lo propio María Bolaños.
Excelente arbitraje de José Antonio Loman Hernández.
Alineaciones.- 
Cobaev 34.- Evelyn Reyes, Isamar Cerino, Wendy Palma, América Mises, Gema Ibarra, Angie Garrido, Karla Rosaldo, Fátima Aguilera, Yajhira Matías, Wendy Ocampo, Alicia González. Cambios: Leonelia Medina, Daniela de Ángel, María Brito y Karime Román.
Cobaev 18.- María Bolaños, María Chávez, Elvira Carrillo, Abigaíl Meza, María Castro, Claudia Bravo, Vanessa López, Yasuri García, Cynthia González, Azucena Carmen y Laura Qué. 
GANA POR DEFÁULT COBAEV 34 
La selección varonil del Cobaev 34 de Nanchital ganó por defáult al Cobaev 42 del Grupo “B”.
PARTIDOS QUE RESTAN
Viernes 30.- 14:00 horas.- Cobaev 21 vs Carlos A. Carrillo. 16:00 horas.- Cobaev 42 Grupo A vs Cobaev 26 (ambos varoniles)

AGENCIAS 
CD. DE MÉXICO, MX.- / 2018-11-27

FUENTE: XEU NOTICIAS 
VERACRUZ, VER.- / 2018-11-27

AGENCIAS 
CD. DE MÉXICO, MX.- / 2018-11-27

FUENTE: REFORMA 
CD. DE MÉXICO, MX.- / 2018-11-26

REDACCIÓN/ INFOLINKS.COM.MX 
COATZACOALCOS, VER.- / 2018-11-27

AGENCIAS 
BUENOS AIRES, ARG.- / 2018-11-27

IRMA SANTANDER/CODIGOVERACRUZ.COM 
COATZACOALCOS, VER.- / 2018-11-26

IRMA SANTANDER/CODIGOVERACRUZ.COM 
COATZACOALCOS, VER.- / 2018-11-26

FUENTE: XEU NOTICIAS 
VERACRUZ, VER.- / 2018-11-26

Expertos internacionales alertan sobre los riesgos de que el gobierno de López Obrador se obstine en conformar una Guardia Nacional que quede bajo un mando militar y se haga cargo de las labores de seguridad pública en México. Dar más poder a las fuerzas armadas, alertan, constituye  “un error colosal”, y supone un “retroceso democrático muy peligroso para todos”, dicen a Newsweek México.

Lo que los titulares de las fuerzas armadas han conversado con el presidente electo de México durante la etapa de transición gubernamental es un misterio. Se desconoce el reporte que le habrían expuesto sobre el país que gobernará a partir del 1 de diciembre, así como los acuerdos a los que habrían llegado. Pero tal parece que Andrés Manuel López Obrador ya se cuadró con los militares, primero, aceptando las ternas para designar a sus sucesores y, luego, permitiéndoles participar de forma decisiva en su próximo gobierno.

El discurso de AMLO sobre el rol que deben tener las fuerzas armadas en nuestro país ha dado un giro de 180 grados. De afirmar como candidato presidencial que “tenemos que ir sacando al Ejército de la calles, no está preparado para esta función…” hoy busca otorgarles amplias atribuciones en materia de seguridad pública. Y su postura la secundan miembros de su gabinete y legisladores de su partido —Morena— que cuenta con mayoría en el Congreso.

Arguyendo que solo las fuerzas armadas pueden hacer frente a la crisis de seguridad que se vive en México, el pasado 20 de noviembre Morena presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para crear la Guardia Nacional. Esta figura, a decir de diversos expertos, otorgará metapoderes a las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública. Como contraviene la Constitución mexicana, Morena propone reformar 13 artículos (el 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123) para así poder “legalizar” la actuación de los elementos castrenses.

La nueva iniciativa de ley se presentó días después de que la Suprema Corte de la Nación declaró anticonstitucional la Ley de Seguridad Interior. Y a la nueva propuesta del gobierno entrante se le tilda como “una versión vitaminada y mucho más peligrosa” para nuestro país.

Así lo considera la abogada Angelita Baeyens, miembro del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Este centro, junto con nueve organizaciones internacionales más constituyeron el Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México luego de que, el año pasado, se aprobó la polémica Ley de Seguridad Interior que recientemente la Suprema Corte declaró inconstitucional. Ahora el observatorio alerta que la propuesta que impulsan AMLO y su gabinete es aún más grave:

“Vemos con muchísima preocupación que lo que ahora plantea el nuevo gobierno es la misma estrategia de usar a los militares para combatir la inseguridad, pero otorgándoles muchos más poderes. Ya se demostró que esa estrategia que se usó en la última década no solo fracasó, sino que hizo que la inseguridad aumentara —y ahora es lo mismo de lo que ya había, pero en una versión vitaminada”, comenta Baeyens a Newsweek México.

ALERTA GENERALIZADA

La propuesta de Morena, acorde con el plan de seguridad de AMLO, incorpora una definición de Guardia Nacional donde se precisa: “Es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación”.

Así, sin más, la propuesta suena ideal, teniendo en cuenta que la inseguridad es una preocupación inmensa para los mexicanos. Pero cuando se especifica que la estructura y operación de tal Guardia Nacional dependerá de un mando militar y no de uno civil, todo cambia. Este hecho ha encendido las alertas de  defensores de derechos humanos, expertos y ciudadanos.

El plan contempla que la Guardia Nacional esté bajo el mando directo del secretario de la Defensa, y que se conforme con integrantes de las policías militar y naval, así como de miembros de la actual policía federal. En ese orden. Adicionalmente se apunta que se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos, quienes recibirán formación y adiestramiento en planteles militares de acuerdo con un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadana.

Se destaca que en planteles militares se dará la capacitación y el entrenamiento físico castrense a los integrantes de la Guardia Nacional. Y que esta, como encargada de prevenir y combatir el delito en todo el país, estará “dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de los institutos castrenses”.

Se observa, además, que “los institutos militares nacionales son los únicos que tienen el personal, la capacidad, el espíritu de cuerpo y las instalaciones requeridas para empezar a conformar la Guardia Nacional desde el próximo 1 de diciembre y, simultáneamente, a capacitar a los futuros integrantes de la institución”.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para América, señala al respecto: “Aún cuando se le quiere dar un empaque distinto y un rótulo distinto, la propuesta de López Obrador es seguir adelante y redoblar la opción militar para combatir a los cárteles [de la droga]”.

Y agrega que AMLO se conduce “peor aun que sus antecesores, porque si revisas la propuesta que hacían Calderón y Peña sobre la presencia de militares en la calles, se hablaba de algo ‘temporal’, algo ‘gradual’. Y ahora, la oferta de López Obrador es hacer a los militares una opción permanente, con un nombre distinto: los llama Guardia Nacional, pero vienen todos de la Marina, del Ejército, y algunos pocos de la Policía Federal, pero estarían funcionando todos ellos bajo control militar. [La Guardia Nacional] es una rama más de las fuerzas armadas”, sintetiza Vivanco en entrevista con Newsweek México desde Washington, D. C.

LEY CONTRARIA A ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Otros expertos en derecho internacional consultados por este medio coinciden en que la propuesta es contraria a los estándares internacionales, pero también a las recientes observaciones que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo a México en el sentido de “fortalecer a las fuerzas civiles del orden y a establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”.

De allí que, desde que la iniciativa se presentó en el Congreso –en el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana, justo cuando se oficializan los ascensos entre las fuerzas armadas–, diversas organizaciones nacionales e internacionales comenzaron a hacer público su rechazo.

Como país miembro de la ONU y la OEA, México está obligado a cumplir con los preceptos de dichos organismos. En ese ámbito, “los estándares internacionales son muy claros en establecer que las tareas de seguridad pública corresponden a fuerzas civiles, es decir, la policía, que además está bajo mecanismos de control civil. Y que a las fuerzas armadas por su forma, estructura y entrenamiento, el tipo de tareas que les corresponde es la seguridad en las fronteras, las eventuales situaciones de conflicto armado, pero no las tareas ordinarias de seguridad, y México debe cumplir con ello”, explica la abogada Angelita Baeyens, quien laboró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además de incumplir con los estándares internacionales, el plan que propone el nuevo gobierno de AMLO, consideran los expertos, no representa alternativas reales de mejora para los ciudadanos, pero sí altas probabilidades de que la situación empeore.

Así lo explica José Miguel Vivanco, de HRW-America: “López Obrador hereda de los gobiernos anteriores, tanto de Calderón como de Peña Nieto, una situación de derechos humanos desastrosa, y no únicamente por este motivo, pero sí en buena medida la situación es tan desastrosa debido a la utilización que hicieron sus antecesores de los militares, quienes están preparados para la guerra, pero no para tareas civiles. Y esos militares han contribuido y son responsables de ejecuciones, torturas y masacres de civiles”.

Los militares, continúa, “en cualquier parte del mundo están entrenados, educados y formados, y tienen toda la preparación y el armamento para una guerra, para un conflicto armado, y en una guerra, cuando se apunta a un blanco, es a matar.  Pero hablamos de un enemigo, no de un civil. El militar en una guerra no está entrenado para dispararle a una pierna o asustar al enemigo, está preparado para matar.

“En cambio, los policías —puntualiza Vivanco—, en todas partes del mundo, están entrenados para capturar al delincuente, arrestarlo y someterlo al sistema judicial para que sea investigado. Esa diferencia es crucial porque usar a los militares en tareas que son propias de policías es lo que en la práctica ha provocado graves abusos; sobre todo militares que no están subordinados al control civil, como es el caso de los militares mexicanos, que por años además han utilizado la llamada jurisdicción militar para evadir sus responsabilidades para violaciones de derechos humanos. En este contexto, la verdad es que es muy delicado, es muy grave, es un error colosal el que el gobierno del presidente López Obrador decida redoblar la apuesta y seguir haciendo más de lo mismo, esta vez con una pequeña variación, pero que en la práctica es lo mismo, que es crear una Guardia Nacional”.

Angelita Baeyens destaca por su parte que “hay una correlación en el tipo de abusos y usos excesivos de la fuerza por parte de militares, con muchos de los abusos en derechos humanos en la región”.

Desde el Grupo de Investigación Análisis del Discurso Informativo sobre la Violencia en México (ADIVIM), que se dedica al análisis del discurso mediático, Araceli Pérez, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, explica además que “hemos constatado que el sexenio de Calderón y el de Peña tuvieron un panorama similar que es el abuso de los derechos humanos por parte de las fuerzas castrenses en sus labores de seguridad pública y el aumento progresivo de homicidios violentos, enfrentamientos entre cárteles de la droga, desapariciones forzadas, fosas clandestinas, población desplazada por la violencia, y aumento de la participación de menores de edad en las estructuras criminales, entre otros. Por eso, de aprobarse esta propuesta, sería un retroceso democrático muy peligroso para todos, especialmente para los jóvenes”.

En el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del gobierno lopezobradorista se contempla también que la Guardia Nacional se coordine con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas y municipios, según sea el caso, así como con las demás autoridades de la federación que correspondan. Y se destaca que, en lo referente a delitos federales, podrá actuar como auxiliar del ministerio público. Esto, según los expertos consultados, hace incompatible su propia labor.

RIESGOS DE MAYOR VIOLENCIA

En la propuesta de ley del partido Morena para modificar diversos artículos de la Constitución se argumenta que en países europeos existen agrupaciones similares: la Guardia Civil española, la Gendarmería Nacional de Francia y el Arma de Carabineros italiana.

La diferencia, destaca José Miguel Vivanco, quien también ha sido abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA), es que “los carabineros en Italia, o incluso en Chile, y la Guardia Civil en España, no están bajo tutela del ejército, y no son exfuncionarios del ejército preparados para la guerra. Los carabineros en Chile durante la época de Pinochet estuvieron bajo tutela del ejército, pero una vez recuperada la democracia, están bajo control del Ministerio del Interior; y esta que se plantea en México es una opción militar en la que esta Guardia estará bajo tutela del secretario de la Defensa”.

Otro de los argumentos esgrimidos por los legisladores que defienden la propuesta y el presidente electo es el grave problema de corrupción de las policías. No obstante, la milicias han registrado también casos de corrupción y de cooptación del crimen organizado ampliamente documentados.

“La corrupción donde es estructural y sistémica, como es el caso de México y en la mayoría de países de América Latina, no distingue instituciones. Hay corrupción en la policía, en la judicatura, en la burocracia y por supuesto hay corrupción en las fuerzas armadas”, dice el jurista José Carlos Ugaz Sánchez, quien formó parte del comité de negociación de la Convención contra la Corrupción de la ONU.

Ugaz Sánchez, quien ha participado en litigios internacionales de alto impacto, tampoco ve con buenos ojos el proyecto que impulsa AMLO. Explica: “Las experiencias globales donde se ha involucrado a las fuerzas armadas en seguridad ciudadana han sido bastante desastrosas en el sentido de que no ha funcionado, porque los militares no están preparados para eso, tampoco para el control de la delincuencia y mucho menos en hacer inteligencia o investigar el crimen organizado. Lo que ha ocurrido en países donde eso se ha implementado es un aumento de la violencia, un descontrol de la represión, y también un incremento de las actividades criminales”.

–¿Qué impacto tendría para México este modelo?

–En el caso de México, que ya padece un problema de violencia  estructural y fuera de control, sería apostar por una espiral que lo único que va a traer es más violencia y más impacto en términos de agresiones.

EJÉRCITOS NO HAN RESUELTO CRISIS

A partir de que en su mandato presidencial Felipe Calderón Hinojosa les asignó tareas de seguridad pública a las fuerzas armadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que se presentaron 3,147 quejas contra militares y se emitieron 130 recomendaciones.

En septiembre pasado se emitió otra recomendación para la Marina por la detención arbitraria, retención ilegal y tortura en agravio de 17 víctimas; por actos de violencia sexual en contra de 11 víctimas; cateo ilegal en contra de uno, privacidad ilegal contra cinco, todos estos delitos imputados contra personal naval en cinco entidades federativas.

Otros casos han escalado a instancias internacionales, donde se responsabiliza al Estado por esa mala conducta. La CIDH ha desahogado los casos de abusos militares en el Ejido Morelia, Chiapas; la ejecución extrajudicial de Mirey Trueba; la desaparición forzada del teniente Orlando Muñoz; la ejecución del indígena Gilberto Jiménez; la detención arbitraria, torturas y abuso sexual contra las hermanas Ana, Beatriz y Celia González.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enjuiciado al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla; la tortura de los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel; la violación sexual de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández.

La costarricense Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), es una de las abogadas que mejor conoce de los casos contra militares en el sistema interamericano.

En entrevista con Newsweek México comenta que, “además de las sentencias ya conocidas, ahora está el caso de un joven ejecutado extrajudicialmente en un retén militar, y justo va a dictarse sentencia este año. Y tenemos muchos más casos contra México, pero que todavía no han llegado a la Corte. Pero en todos los casos con sentencia en los que hemos participado hay el involucramiento de  militares”.

Con tales antecedentes, considera que, de aprobarse el modelo de la Guardia Nacional militarizada, los casos contra México ante instancias internacionales también aumentarán. “Esto no es una preocupación abstracta, sino que, en los casos de personas víctimas de violaciones por parte de militares, la impunidad es casi del 100 por ciento”.

Como el Cejil trabaja en toda la región, Aguiluz tiene un diagnóstico preciso de lo que ocurre cuando a las milicias se les asigna tareas del orden público:

“La situación de crisis como la que existe en México no lo resuelve un ejército, como no lo ha resuelto en ninguna otra parte del mundo”, afirma contundente.

“En Honduras crearon algo similar: la policía militar de orden público, con toda una legislación que da a los militares atribuciones para operar en tareas de seguridad e investigación de delitos, y lo que pasó es que se incrementaron los abusos por parte de esta policía militar, mientras que las cifras de violencia sigue siendo altas. La ciudadanía tampoco se siente segura porque ha habido ejecuciones y detenciones arbitrarias —sobre todo en las protestas sociales—. Al final, esta policía que en Honduras está bajo mando del presidente se convierte, de alguna manera, en una policía política”.

“En Guatemala tampoco ha logrado disminuir las cifras de violencia; en El Salvador aumentó la presencia militar en las calles y generó desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Así que claramente esa no es la respuesta al problema, y más bien le darán a los militares el poder de intervenir en esta cotidianidad, y eso es más riesgoso”.

SÍ HAY OTRAS SOLUCIONES

Para distintos abogados especializados en derecho internacional sí hay otros salidas para la crisis de inseguridad que vive México.

José Carlos Ugaz Sánchez considera que se debe “reenfocar la estrategia de política criminal [para] que pase por una apuesta mucho más intensa en materia de inteligencia, es decir, de penetración de las organizaciones criminales, y captación de información a través de una red de personas que puedan ser colaboradores, antes que imponer  modelos represivos que lo único que van a hacer es incrementar los índices de violencia”.

A su vez, José Miguel Vivanco plantea que “la solución está en el trabajo de largo plazo que es la creación de una nueva policía, pero una policía civil, que vaya gradualmente reemplazando al ejército, con entrenamientos y preparación para enfrentar a los cárteles, pero también para infiltrarlos, procesarlos judicialmente, enfrentar a los cabecillas, desarticular. No una estrategia militar, creyendo que militarmente vamos a derrotar al enemigo, que esa fue la política de Calderón completamente fracasada, la muestra es que la violencia sigue igual, los cárteles se multiplican y están más poderosos que nunca”.

En este momento, concluye Angelita Baeyens, aún “hay una oportunidad de revertir y que el gobierno electo reconsidere. Todavía puede dar un paso atrás, pero si se llegara a concretar —lamenta—, lo que sigue [es emprender] acciones legales, así como se plantearon en contra de la Ley de Seguridad Interior”.