El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, condenado por el caso del desvío de recursos en su estado a través del uso de múltiples empresas fantasma, podría solicitar su libertad en los próximos días.
Lo anterior luego de que ya cumplió la mitad de la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, situación que le abre la puerta – de acuerdo con lo que marca la ley – para acceder al beneficio de la libertad condicional.
No se trata de un beneficio que anule el resto de la condena, pero sí representa la posibilidad de que el exgobernador la cumpla portando un brazalete electrónico en Ciudad de México y/o estando sometido a una reclusión domiciliaria. Pero todo ello fuera de la cárcel.
Autoridades judiciales consultadas por Animal Político confirmaron que, en cualquier momento, el exgobernador puede solicitar una audiencia para formalizar su petición de acceder a este recurso. En dicha audiencia también participaría la Fiscalía General de la República que tiene derecho a expresar si cuenta con alguna oposición para ello y argumentarla. La decisión será de un juez especializado en ejecución de penas.
La defensa del exgobernador de Veracruz confirmó a este medio que ya analizan la presentación de dicha solicitud, y adelantaron que desde su perspectiva el exgobernador cumple con todos los requisitos que la ley establece por lo que no debería de haber problema para que se le conceda.
La cofundadora de la organización TOJIL Estrategia contra la impunidad, Estefanía Medina, advirtió que la posibilidad de que el exgobernador deje la cárcel es resultado de los malos manejos que se dio a la investigación que se llevó en su contra por parte de la entonces PGR. No obstante, y a diferencia de la defensa, consideró que hay elementos que podrían impedir que se le conceda este beneficio.
Cabe señalar que Javier Duarte tiene abierto otro proceso en curso por hechos de corrupción a nivel local, pero por estos casos no se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva. A su vez tiene una orden de aprehensión girada en su contra por desaparición forzada, pero la misma no se le ha podido cumplimentar porque no formó parte del paquete de delitos iniciales por los cuales se le extraditó.
La ruta para salir libre
El 15 de abril de 2017 Javier Duarte fue detenido en Guatemala por agentes federales mexicanos y de aquel país. Su captura se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición por varios delitos que, para ese momento, ya se le imputaban. Ese fue el último día que gozó de su libertad.
Tras ser enviado a nuestro país el exgobernador de Veracruz fue internado en el Reclusorio Norte donde se le inició un proceso penal en el que, inicialmente, intentó defenderse. Sin embargo, en una audiencia intermedia realizada el 26 de septiembre de 2018, el exgobernador decidió renunciar a su derecho a ir a un juicio y se declaró culpable.
A cambio de dicha declaratoria, emitida dentro de lo que técnicamente se denomina “procedimiento abreviado”, el juez le impuso las penas mínimas contempladas en la ley por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa que, en suma, representaron nueve años de prisión. También se ordenó que se le confiscaran varias propiedades y que pagara una multa, sin que se incluyera ninguna reparación del daño.
La pena impuesta al exmandatario comenzó a contabilizarse partir del primer día en que fue detenido en Guatemala, por lo que la mitad de esta se completó el pasado viernes 15 de octubre.
Los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen que una persona que haya cumplido la mitad de su sentencia podrá solicitar al juez el beneficio de la “libertad condicionada”, que contempla la liberación de una persona para cumplir el resto de su condena fuera del penal, con o sin monitoreo electrónico.
Para poder acceder a ella se contemplan siete requisitos: haber cumplido la mitad de la sentencia; no tener otras condenas vigentes; que no exista riesgo razonable para las víctimas; haber tenido buena conducta durante su internamiento; haber cumplido satisfactoriamente con un plan de actividades; haber cubierto el pago de la multa y/o reparación de daño; y no estar sujeto a proceso por otro delito que amerite prisión preventiva oficiosa.
El procedimiento para obtener este beneficio, según explicaron penalistas consultados, inicia con la presentación de una solicitud por escrito al juez federal de ejecución para este convoque a una audiencia pública. En dicha audiencia participarán todas las partes, incluidas la FGR y Hacienda en el caso de Javier Duarte.
Tras verificar el cumplimiento de los requisitos y los argumentos de las partes el juez deberá definir si concede el beneficio o mantiene el encarcelamiento de Duarte. Cualquiera que sea la decisión podrá ser apelable por las partes, lo que llevaría el caso ante un Tribunal federal para su revisión.
Se trata de un procedimiento que aun con la apelación incluida duraría menos de dos meses, de acuerdo con los especialistas. El arranque de este dependerá del momento en que el exgobernador – a través de sus abogados – requiera fecha de audiencia para presentar la solicitud.
¿Sí o no? Defensa y ONG difieren
Los representantes legales del exgobernador de Veracruz confirmaron que ya analizan la presentación de la solicitud de la libertad condicional. Consideraron que se cubren los requisitos que establece la ley y esperan que en este caso se valoren solo consideraciones jurídicas y no políticas.
“Se cumple con todos los requisitos que exige la ley para acceder al beneficio preliberacional y esperamos que no se busquen politizar cuestiones que deben de ser estrictamente jurídicas y así respetar el Estado de Derecho”, señaló la defensa.
Sin embargo, la organización TOJIL, que ha dado seguimiento cercano al caso Duarte y que ha denunciado públicamente irregularidades en torno al mismo, consideró que existen circunstancias que el juez deberá valorar y que, desde su punto de vista, hacen improcedente la liberación del exgobernador de Veracruz. Entre ellos señalaron, por ejemplo, que aun tiene otros procesos a nivel local y federal que no se han resuelto.
La abogada Estefanía Medina, cofundadora de dicha ONG, recordó que la actual Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) promovió un recurso en contra de la forma en como se manejó el procedimiento abreviado que permitió que a Duarte se le retirara el cargo original de delincuencia organizada y se le impusieran penas mínimas. Ese asunto se tradujo en un amparo en revisión que aun no se resuelve.
“Por todos estos motivos nos parece que en este momento no es viable que se le conceda el beneficio de la libertad condicional. Y hay que recordar que si llegamos a este punto es resultado del mal manejo que ha tenido este caso y de las redes de corrupción que le abrieron la puerta a Duarte a un procedimiento abreviado inadecuado”, dijo.
Medina recordó que TOJIL presentó una denuncia formal en contra de los fiscales de la PGR que en su momento participaronen este proceso y ya llevaron el asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Todo esto devino de un acuerdo corrupto entre Duarte y la PGR”, insistió.
Los otros casos… atorados
En contra de Javier Duarte existen otros procesos e investigaciones iniciadas desde hace varios años pero que, por diversas circunstancias, se encuentran atorados y sin mayores resultados.
Inicialmente, el exgobernador tenía abiertos dos procesos penales por delitos de corrupción además del caso federal de lavado de dinero. La Fiscalía General de Justicia de Veracruz lo acusaba del uso ilícito de un helicóptero oficial, y del desvío de más de 200 millones de pesos destinados para obras hidráulicas.
Sin embargo y a través de diversos amparos ganados, la defensa de Duarte consiguió que uno de los procesos fuera cerrado definitivamente mientras que en el otro consiguieron anular la medida de prisión preventiva justificada que se le había impuesto. Es decir, aunque el exgobernador sí tiene otro proceso penal en curso el mismo no amerita su encarcelamiento.
Por otro lado, desde junio de 2018 un juez del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador por su probable responsabilidad en omisiones que facilitaron y encubrieron la desaparición forzada de varios jóvenes a manos de la policía estatal. Esto entre los años 2013 y 2014.
Aunque se trata de un delito que sí es grave, este proceso no ha podido siquiera iniciarse ya que México requiere de la autorización de Guatemala – país que extraditó a Duarte – para iniciarle un proceso por un delito distinto al de la lista inicial de ilícitos por el cual reclamó su entrega. El proceso diplomático para tratar de conseguir dicho aval ha retrasado cualquier avance.
La FGR también tiene en curso una carpeta de investigación por posibles delitos fiscales en contra del exgobernador y de su exesposa, Karime Macías, pero la misma sigue en integración sin mayores resultados.
En tanto existen más de 35 carpetas de investigación a nivel federal en contra de la administración que encabezó Javier Duarte en Veracruz por malos manejos y presuntos desvíos de más de 50 mil millones de pesos que, hasta la fecha, siguen desaparecidos. Pero todas las indagatorias se han enfocado, hasta ahora, en exsecretarios de finanzas y otros mandos medios sin alcanzar al exgobernador.
Fuente:AnimalPolítico/AVC/foto:AVC/doh
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