Luego de años de litigios en tribunales entre miembros de la Cooperativa La Cruz Azul SCL y el descubrimiento por parte de las autoridades hacendarias de una probable defraudación fiscal y facturación apócrifa de la directiva del club, en concreto de su presidente, Guillermo H. Álvarez Cuevas (‘Billy’), todo parece indicar que su reinado de más de 30 años está por concluir, pero también que su caída puede despeñar al equipo de futbol al grado de perder su afiliación a la Liga MX.
Y es que la evidencia que las autoridades hacendarias han acumulado contra el señor Álvarez y sus directivos es abrumadora: desde 2013, transferencias bancarias internacionales millonarias por 422 millones de pesos y 34 millones de dólares a España y Estados Unidos, entre otros, y la adquisición de varios bienes inmuebles, que contrastan con declaraciones fiscales de ingresos por apenas 56 millones en los últimos siete años, lo que ni de cerca corresponde a los recursos que ha estado enviando al extranjero.
Tomando en cuenta las transferencias que el gobierno de México ha detectado, con asistencia internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional, se revela que Billy y sus directivos utilizaron la cooperativa para “desviar recursos” utilizando un modelo que documentos oficiales señalan como: “Tipología de carrusel: en donde algunas empresas son factureras, y otras reciben y distribuyen el recurso”. El total del monto que se considera irregular asciende a mil 132.3 millones de pesos, según las cifras oficiales.
Con estas irregularidades, más la carta que José Alfredo Álvarez, hermano de Billy y actual director de Planeación Estratégica de La Cruz Azul, envió a los medios anunciando su cooperación en el caso y pidiendo un “criterio de oportunidad” dada la información que tiene (lo que lo ha convertido en un testigo colaborador valioso para la autoridad), se pone el clavo a lo que parece ser el final de Billy en el futbol y, quizá incluso su ingreso a la cárcel por varios delitos federales graves. Sin embargo, el presidente del Cruz Azul negó cualquier actuación irregular en un video que circuló el fin de semana.
Pero, dado el hecho de que parece insostenible el actual presidente en el Cruz Azul y el inicio de procesos judiciales que lo podrían llevar a la cárcel, la duda es: ¿qué pasaría con el equipo de futbol?
En estricto sentido, y siguiendo los Estatutos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el Reglamento de Afiliación, Cruz Azul debería quedar desafiliado del futbol nacional. El artículo 17-G del Estatuto señala que “si el Dueño y/o los Directivos del Club han incurrido en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo, el equipo deberá ser desafiliado”.
El comité que presentaría una recomendación a la Asamblea General del futbol nacional incluye, entre otros, al presidente de la FMF, Yon de Luisa; al presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, y al presidente de la Liga Premier, José Vázquez.
Con toda la evidencia —y si no se producen cambios inmediatos en la actual directiva del Cruz Azul— el equipo debería ser desafiliado del futbol nacional, pero difícilmente el resto de los equipos y las autoridades querrían un escenario así. Incluso, quienes tienen demandada a la actual directiva cruzazulina, no quieren un desenlace funesto, pues perderían una franquicia con millones de seguidores y cuyo valor es de cientos de millones de pesos. Tampoco es un escenario que desearían los titulares de derechos televisivos, ni el Estadio Azteca, sede temporal del equipo. Así que, seguramente se ideará algún esquema para que se nombre una nueva directiva, evitando poner en riesgo la franquicia. Pero mientras más litigios existan, más riesgos corre el equipo cruzazulino.
Lo que sí es un hecho es que todos los equipos y jugadores deben aprovechar la coyuntura para sanear y poner en orden sus finanzas. El actual presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, fue visionario en un doble sentido: primero, contrató a un alto ejecutivo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para tener en la liga un área de control económico y evaluación de riesgos financieros (financial fair play) como sucede en la liga española y la Premier League y, segundo, firmó hace meses un convenio de colaboración e intercambio de información con la temida Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que lidera Santiago Nieto.
Este ánimo de colaboración del presidente Bonilla, que en su momento fue tratado de sabotear por algunos equipos de futbol, es lo que permite acotar el problema al Cruz Azul, evitar investigaciones al por mayor y tener un esquema para remediar las malas prácticas en las que ha incurrido la cooperativa.
Si los clubes siguen arrastrando los pies con los objetivos que ha trazado la Liga MX, es probable que, apenas inicie el próximo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, dado el escándalo del Cruz Azul, se reformen las disposiciones fiscales para incluir al futbol como una “actividad vulnerable”. De hecho, ya hay varias iniciativas presentadas en este sentido, y ello obligaría a los equipos a tener mayores controles contables y a reportar muchas operaciones de manera directa a las autoridades, lo que les aumentará la carga administrativa.
Esperemos que el resto de los equipos vean que lo sucedido al Cruz Azul es una llamada de atención oportuna para poner en orden sus finanzas. Pero también lo es para los jugadores y agentes de varios equipos sobre los que las autoridades han encontrado inconsistencias importantes entre ingresos declarados y gastos realizados.
Sencillamente, el futbol se ha convertido en varios países en un mecanismo para lavar dinero ilícito y, en México, el asunto de los excesos en el Cruz Azul ha acelerado los trabajos para blindar al deporte nacional. La historia se puede convertir en una pesadilla para el futbol nacional, pero también en una oportunidad. Pronto sabremos.
Vía: El Universal
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